25/2/12
Caderno de bitácora. Data estelar 2012. 2. 25
22/2/12
La desamortización laboral. Cuaderno de bitácora. fecha estelar 2012.2.22
El día de su presentación, el gobierno anunció que hacia la reforma laboral para crear empleo. Ahora sostiene que la ejecuta hoy para recoger sus beneficios mañana, cuando se resuelvan de algún modo los verdaderos problemas de nuestra economía. Así pues, en este momento, lo único incontrovertible y objetivo sobre el decretazo de Rajoy es que supone el mayor recorte de derechos laborales de la historia de la democracia española ¿A cambio de qué? A cambio de mucha fe.
El nuevo marco laboral avanza de manera “extraordinariamente agresiva” en la dirección de los “decretazos” de Aznar y Zapatero. Por desgracia, los resultados de tanto empeño están a la vista. Más de cinco millones de parados. Pero la ortodoxia económica jamás permite que la realidad le estropee una buena teoría. Así que la respuesta ante semejante fracaso ha consistido en acelerar el paso.
Con la misma legislación laboral, Euskadi ronda el 10 por ciento de paro, mientras Andalucia o Canarias superan el treinta. Los costes del despido suponen el 1.5 por ciento de los costes laborales totales. No parece que la famosa falta de flexibilidad externa e interna de las empresas tenga mucho que ver con el millón largo de empleos perdidos, por ejemplo, en la construcción. Son solo algunas de las evidencias que acreditan cómo el problema de nuestro mercado laboral reside en la calidad y potencia de la oferta y demanda de trabajo, no en sus mecanismos de ajuste. Se busca trabajo barato y de baja cualificación al que resulta más rentable despedir que conservar. Mientras eso no cambie, en situaciones de bonanza tendremos paro por encima de la media Europea y en recesión, el ajuste se hará con despidos.
¿Responde esta enésima reforma a estos problemas? No ¿Permitirá corregirlos? En absoluto. Peor aún. Multiplica con incentivos las oportunidades para que exista más rotación y más precarización. No se incentiva el ajuste vía despido, directamente se premia. Despedir va a resultar aún más barato que contratar e invertir en el trabajador. La reforma parece ideada para renovar las plantillas con empleados más jóvenes, más baratos y con menos derechos transfiriendo costes ingentes al erario público, que subvencionará los nuevos contratos y el coste de rescindir los antiguos. Con el insufrible paro juvenil como coartada, se abandona a su suerte a los trabajadores de más de cuarenta años, tratados como un coste a amortizar.
Siendo graves los impactos económicos, resultan aún más inquietantes los efectos sociales. En España, las relaciones laborales que han traído la prosperidad de la democracia se han articulado sobre un consenso básico donde la legislación laboral poseía un triple objetivo: asegurar los intereses del empresario, proteger los derechos de trabajador y amortiguar, por vía regulativa, el desequilibrio que existe por definición entre el poder negociador del empresario y el trabajador. La reforma ha dinamitado ese consenso. Supone una verdadera desamortización, tanto del sistema de protección de los derechos del trabajador, como de los mecanismos de negociación colectiva. La diferencia reside en que la desamortización liberal sacó al mercado propiedad improductiva. Esta desamortización laboral expropia y vuelve a convertir en privados bienes que habíamos acordado asegurar como públicos porque así ganábamos todos.
La legislación laboral tiene ahora un fin dominante: blindar los intereses del empresario. El trabajo ya no supone un bien social a proteger porque produce riqueza y asegura la cohesión social. Vuelve a ser un factor de producción a abaratar para mantener los márgenes de beneficio. La evidencia empírica acredita cómo los mecanismos de negociación colectiva operan como una pieza clave para proveer crecimiento y estabilidad en cualquier sistema productivo. Reducen costes de producción, mejoran la eficiencia de los mercados, dotan de estabilidad el funcionamiento del sistema y la libre competencia y permite gobernar a escala la economía, reduciendo los costes de implementar las decisiones y mejorando su eficacia. La última muestra la tenemos en los acuerdos alcanzados entre los agentes sociales, que el gobierno se jacta de haber incluido en su reforma.
Se nos ha repetido hasta la saciedad que la reforma no va a crear empleo, pero pone las condiciones para generarlo cuando la economía lo permita. Ni es necesariamente cierto, ni tiene por qué ser así. La voladura descontrolada de la negociación colectiva reducirá la certidumbre en el funcionamiento de los diferentes sectores productivos y hará más difícil el gobierno de la economía. La ganancia que muchos empresarios perciben a corto, se verá neutralizada por los costes de un mercado laboral fragmentado, judicializado y sin mecanismos de gobierno.
Cuando la economía vuelva a crecer, el nuevo marco laboral puede convertirse en una rémora que lastre el ritmo y la calidad de nuestra recuperación. Porque, dogmatismos aparte, en una sociedad capitalista avanzada, el trabajo es un bien social a regular y proteger, aunque solo sea porque es lo mejor para hacer buenos negocios.
El nuevo marco laboral avanza de manera “extraordinariamente agresiva” en la dirección de los “decretazos” de Aznar y Zapatero. Por desgracia, los resultados de tanto empeño están a la vista. Más de cinco millones de parados. Pero la ortodoxia económica jamás permite que la realidad le estropee una buena teoría. Así que la respuesta ante semejante fracaso ha consistido en acelerar el paso.
Con la misma legislación laboral, Euskadi ronda el 10 por ciento de paro, mientras Andalucia o Canarias superan el treinta. Los costes del despido suponen el 1.5 por ciento de los costes laborales totales. No parece que la famosa falta de flexibilidad externa e interna de las empresas tenga mucho que ver con el millón largo de empleos perdidos, por ejemplo, en la construcción. Son solo algunas de las evidencias que acreditan cómo el problema de nuestro mercado laboral reside en la calidad y potencia de la oferta y demanda de trabajo, no en sus mecanismos de ajuste. Se busca trabajo barato y de baja cualificación al que resulta más rentable despedir que conservar. Mientras eso no cambie, en situaciones de bonanza tendremos paro por encima de la media Europea y en recesión, el ajuste se hará con despidos.
¿Responde esta enésima reforma a estos problemas? No ¿Permitirá corregirlos? En absoluto. Peor aún. Multiplica con incentivos las oportunidades para que exista más rotación y más precarización. No se incentiva el ajuste vía despido, directamente se premia. Despedir va a resultar aún más barato que contratar e invertir en el trabajador. La reforma parece ideada para renovar las plantillas con empleados más jóvenes, más baratos y con menos derechos transfiriendo costes ingentes al erario público, que subvencionará los nuevos contratos y el coste de rescindir los antiguos. Con el insufrible paro juvenil como coartada, se abandona a su suerte a los trabajadores de más de cuarenta años, tratados como un coste a amortizar.
Siendo graves los impactos económicos, resultan aún más inquietantes los efectos sociales. En España, las relaciones laborales que han traído la prosperidad de la democracia se han articulado sobre un consenso básico donde la legislación laboral poseía un triple objetivo: asegurar los intereses del empresario, proteger los derechos de trabajador y amortiguar, por vía regulativa, el desequilibrio que existe por definición entre el poder negociador del empresario y el trabajador. La reforma ha dinamitado ese consenso. Supone una verdadera desamortización, tanto del sistema de protección de los derechos del trabajador, como de los mecanismos de negociación colectiva. La diferencia reside en que la desamortización liberal sacó al mercado propiedad improductiva. Esta desamortización laboral expropia y vuelve a convertir en privados bienes que habíamos acordado asegurar como públicos porque así ganábamos todos.
La legislación laboral tiene ahora un fin dominante: blindar los intereses del empresario. El trabajo ya no supone un bien social a proteger porque produce riqueza y asegura la cohesión social. Vuelve a ser un factor de producción a abaratar para mantener los márgenes de beneficio. La evidencia empírica acredita cómo los mecanismos de negociación colectiva operan como una pieza clave para proveer crecimiento y estabilidad en cualquier sistema productivo. Reducen costes de producción, mejoran la eficiencia de los mercados, dotan de estabilidad el funcionamiento del sistema y la libre competencia y permite gobernar a escala la economía, reduciendo los costes de implementar las decisiones y mejorando su eficacia. La última muestra la tenemos en los acuerdos alcanzados entre los agentes sociales, que el gobierno se jacta de haber incluido en su reforma.
Se nos ha repetido hasta la saciedad que la reforma no va a crear empleo, pero pone las condiciones para generarlo cuando la economía lo permita. Ni es necesariamente cierto, ni tiene por qué ser así. La voladura descontrolada de la negociación colectiva reducirá la certidumbre en el funcionamiento de los diferentes sectores productivos y hará más difícil el gobierno de la economía. La ganancia que muchos empresarios perciben a corto, se verá neutralizada por los costes de un mercado laboral fragmentado, judicializado y sin mecanismos de gobierno.
Cuando la economía vuelva a crecer, el nuevo marco laboral puede convertirse en una rémora que lastre el ritmo y la calidad de nuestra recuperación. Porque, dogmatismos aparte, en una sociedad capitalista avanzada, el trabajo es un bien social a regular y proteger, aunque solo sea porque es lo mejor para hacer buenos negocios.
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