Parados: los prisioneros de los piratas de lo público.

Hoy primero de mayo, mundo repunante ofrece un extracto de Piratas de lo Público dedicado a analizar el asalto al mercado laboral desde el Neoliberalismo Corsario.

En el nombre del paro.

            En la nueva estrategia de abordaje al bienestar, el Neoliberalismo corsario esta vez trae prisioneros. Los parados son los rehenes que ofrece canjear a cambio de un precio: el Estado del Bienestar. En nuestra “vía media” del bienestar, el empleo representa un factor clave de su financiación. Al tratarse de un sistema con fuerte presencia de servicios financiados vía cuotas y contribuciones, su sostenibilidad demanda una tasa de paro baja. Si el desempleo sube, el sistema de bienestar ve fuertemente reducidos sus ingresos y soporta un aumento exponencial de la demanda de ayudas. Si la tasa de paro permanece baja, el bienestar parece sostenible. Si el paro sube, el sistema de bienestar se convierte en un problema. El argumento no puede sonar más sencillo e intuitivo: ingresamos menos por el paro pero gastamos más por los parados. Para recuperar el empleo y la actividad hay que reducir ese gasto y liberar recursos que creen el empleo que pueda volver a financiar el gasto. De acuerdo con la lógica corsaria, si queremos liberar a los parados, debemos encadenar al gasto social.

            En el año 2007, según la EPA, en España había algo más de 20.257.600 personas ocupadas y algo más de 1.833.900 en paro. Hoy tenemos  más de 16.600.000 personas ocupadas y más de 6.200.000 desocupadas. Nuestra tasa de actividad ha caído a poco más de la mitad de la población activa. La tasa de paro ha escalado del 8.3% en 2007, al 27.16% en 2013. El impacto para las arcas públicas ha resultado demoledor. La factura del seguro de desempleo ronda los veintisiete mil millones para los presupuestos de 2013. Con las estimaciones en la mano, ni el paro ni su factura comenzarán a bajar de manera relevante antes de 2015.

            El diagnóstico es bien conocido y ha sido archipublicitado por los propagandistas del Neoliberalismo corsario. En España había mucho desempleo porque contratar era arriesgado y despedir salía muy caro; por eso los empresarios habían dejado de contratar. En España se había “penalizado la creación de empleo” (Luis de Guindos. abc.es. 11/7/2011). El mercado laboral era rígido y los sueldos resultaban muy altos. De manera consciente, se excluyó de la explicación el dato contrastado de que el modelo dominante de empresa española se basa en contratar barato y a tiempo parcial en épocas de expansión y despedir de manera masiva para responder a las épocas de recesión. Un modelo que no permite aprovechar los ciclos expansivos para  asegurar mejoras en productividad o en competitividad. La verdad oficial solo admite que se despedía porque nuestra rígida y excesivamente garantista legislación laboral no ofrecía otra opción.

Del diagnóstico también se retiró de manera consciente otra evidencia que arruinaba esa verdad oficial. Es cierto que en España los salarios nominales han subido claramente. Pero los reales sólo lo hicieron durante la década de los ochenta, la década de oro de nuestro bienestar. A partir de los años noventa, se observa un cierto descenso, coincidiendo con los años de mayor expansión económica. Una tendencia que se confirmó incluso durante los años de la burbuja inmobiliaria, con un descenso continuo de la media salarial en términos reales. Hoy, en nuestro mercado laboral, la mayoría gana menos y una minoría gana muchísimo más. Según datos de la OIT, el 10% de los trabajadores que más perciben multiplica por cuatro el salario medio del 10% de los que menos ingresan. Para la OCDE, somos uno de los países desarrollados con mayores desigualdades salariales.

Los datos presupuestarios retratan de manera elocuente el uso simbólico de las políticas de creación de empleo por parte de un ejecutivo que se declara angustiado por el paro, pero actúa exclusivamente obsesionado por el déficit. Igual que la traumática política de consolidación fiscal exprés ha servido para “colar” a un electorado conmocionado el principio de que ningún gasto estaba a salvo y todo era recortable, el crecimiento continuado y espectacular de los datos del paro ha sido utilizado estratégicamente para desplazar a las políticas de empleo del núcleo duro de las políticas de bienestar, abaratar el despido y desamortizar masivamente los derechos laborales colectivos.

Ningún gobierno europeo habla tanto de los parados y ningún gobierno hace tan poco por ellos como el ejecutivo de Mariano Rajoy. En los presupuestos de 2012, el gabinete de Mariano Rajoy recortó un 5% el presupuesto para las prestaciones de desempleo y nada menos que un 21% el presupuesto para políticas activas de empleo. En 2013, el recorte de las políticas activas de empleo se disparó hasta los 1600 millones, un 34%. Muy significativamente,  la única partida que ha aumentado ha sido la dedicada a bonificaciones a la contratación para empresarios. Parece evidente que los recortes en gasto social no están sirviendo para liberar recursos para políticas públicas de creación de empleo. Puede que estemos pagando el rescate asumiendo copagos sanitarios o educativos, pero desde luego los piratas de lo público no están liberando a los rehenes.

La reforma laboral representa otro ejemplo de esta política donde se habla de los parados, pero lo que realmente importa es el déficit. El día de su presentación, el gobierno anunció que ejecutaba la reforma laboral para crear empleo. Ante la falta de resultados positivos, ha ido cambiando el discurso para sostener que la ejecuta hoy para recoger sus beneficios mañana, cuando se resuelvan de algún modo que nadie explica los verdaderos problemas de nuestra economía. En este momento, lo único incontrovertible y objetivo sobre el decretazo de Rajoy es que, a cambio del mayor recorte de derechos laborales de la historia de la democracia española, hemos obtenido mucha fe y un millón más de parados. El nuevo marco laboral ha avanzado de manera “extraordinariamente agresiva” en la misma dirección de los “decretazos” de Aznar y Zapatero. Por desgracia, los resultados de tanto y tan continuado empeño están a la vista: más de seis millones de parados. Pero el Neoliberalismo corsario jamás permite que la realidad le estropee una buena teoría. Así que la respuesta ante semejante fracaso ha consistido en acelerar el paso.

Con la misma legislación laboral, en el momento de la reforma, Euskadi rondaba el 10 por ciento de paro, mientras Andalucía o Canarias superaban el treinta. Los costes del despido apenas suponían entonces el 1.5 por ciento de los costes laborales totales. No parece que la famosa falta de flexibilidad externa e interna de las empresas tenga mucho que ver con el millón largo de empleos perdidos, por ejemplo, en la construcción. Son solo algunas de las evidencias que acreditan cómo el problema de nuestro mercado laboral reside en la calidad y potencia de la oferta y demanda de trabajo, no en sus mecanismos de ajuste. Se busca trabajo barato y de baja cualificación porque resulta más rentable despedirlo que conservarlo, reemplazarlo que formarlo. Mientras eso no cambie, en situaciones de bonanza tendremos paro por encima de la media Europea y en recesión, el ajuste se hará por medio de despidos masivos.

La reforma laboral ni responde a esos problemas, ni dota al mercado de trabajo de instrumentos que permitan corregirlos a medio plazo sencillamente porque no se ejecutó para eso. Se implementó para arrancar definitivamente a las políticas de empleo del núcleo duro de nuestro Estado del Bienestar. La nueva política de empleo que impulsa la reforma laboral pierde su dimensión social. Se reconvierte en una política exclusivamente económica al servicio de un modelo de empleo: trabajo barato y reemplazable.  La reforma multiplica con incentivos las oportunidades para que exista más rotación y más precarización. No se incentiva el ajuste vía despido, directamente se premia. Despedir está resultando aún más barato que contratar o invertir en un trabajador. La reforma fue ideada para renovar las plantillas con empleados más jóvenes, más baratos y con menos derechos transfiriendo costes ingentes al erario público, que subvencionará los nuevos contratos y el coste de rescindir los antiguos. Con el insufrible paro juvenil como coartada, se ha abandona a su suerte a los trabajadores de más de cuarenta años, tratados impíamente como un coste por amortizar.

El resultado a medio plazo será un mercado laboral con más trabajo, pero de baja calidad. Lo que implicará una rebaja muy sustancial de su capacidad para contribuir a la financiación del sistema del bienestar. La reforma de nuestro mercado laboral para abaratar el empleo funciona como una bomba de relojería en el corazón de un sistema que se sostiene en buena medida en base a cuotas y contribuciones individuales. Una amenaza ante la que, muchos trabajadores con empleo estable y bien remunerado, estarán cada vez más dispuestos a ejercitar la opción de salida de un sistema público mal financiado y sobrecargado, para ingresar en un sistema privado selectivo, más estable y mejor dotado.

El cambio de mayor calado incorporado por la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy reside en el desmantelamiento radical de la política de empleo como una política social. En España, las relaciones laborales que han traído la prosperidad y el bienestar de la democracia se han articulado sobre un consenso básico donde la legislación laboral debía responder a un triple objetivo: asegurar los intereses del empresario, proteger los derechos de trabajador y amortiguar, por vía regulativa, el desequilibrio que existe por definición entre el poder negociador del empresario y el trabajador. La reforma ha dinamitado ese consenso. Supone una verdadera “desamortización social”, tanto del sistema de protección de los derechos del trabajador, como de los mecanismos de negociación colectiva. La diferencia reside en que la desamortización liberal sacó al mercado propiedad improductiva. Esta desamortización laboral expropia y vuelve a convertir en privados bienes que habíamos acordado asegurar como públicos porque así ganábamos todos.

La legislación laboral se rige ahora por un principio dominante: blindar los intereses del empresario. El trabajo ya no supone un bien social a proteger porque produce riqueza y asegura la cohesión social. Vuelve a conformar un factor de producción a abaratar para mantener los márgenes de beneficio. La evidencia empírica acredita cómo los mecanismos de negociación colectiva operan como una pieza clave para proveer crecimiento y estabilidad en cualquier sistema productivo. Reducen costes de producción, mejoran la eficiencia de los mercados, dotan de estabilidad el funcionamiento del sistema y la libre competencia y permite gobernar a escala la economía, reduciendo los costes de implementar las decisiones y mejorando su eficacia.

Ahora se repite hasta la saciedad que aunque la reforma no ha creado empleo, sí ha puesto las condiciones para generarlo cuando la economía lo permita. Ni es necesariamente cierto, ni tiene por qué ser así. La voladura “descontrolada” de la negociación colectiva reducirá la certidumbre en el funcionamiento de los diferentes sectores productivos y hará más difícil el gobierno de la economía. La ganancia que muchos empresarios perciben a corto, se verá neutralizada por los costes de un mercado laboral fragmentado, judicializado y sin mecanismos de gobernanza. Cuando la economía vuelva a crecer, el nuevo marco laboral puede convertirse en una rémora que lastre el ritmo y la calidad de nuestra recuperación. Porque, dogmatismos aparte, en una sociedad capitalista avanzada, el trabajo es un bien social a regular y proteger y la política de empleo conforma una política social, aunque solo sea porque ha demostrado ser lo mejor para hacer buenos negocios.

Antón Losada. Piratas de lo Público. 2013. Deusto