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Las autonomías no son el problema, son parte de la solución. Únicamente desde una visión decimonónica del estado se puede cuestionar un modelo que ha llevado a la raquítica administración española al siglo XXI firmando indicadores de cohesión, legitimidad y satisfacción ciudadana sin precedentes. Ni siquiera las cuentas de la lechera antiautonomista acreditan lo contrario. En términos de deuda, las autonomías responden por menos del 10% sobre el PIB, frente al 55% aportado por el gobierno central o la monumental deuda privada que arrastramos como piedra de Sísifo. Varios Lánder alemanes marcan ratios de deuda por habitante superiores a Grecia. Ninguna de las agencias calificadoras que han multiplicado sus beneficios con nuestra estupidez les dedica la misma atención que a nuestras humildes comunidades. En su peor escenario, el déficit autonómico escalará hasta un 2% del PIB. La leyenda urbana sobre millones despilfarrados en asesores y chiringuitos dura lo que tardan sus propagadores en tocar poder y presentar sus paupérrimos recortes.
El estado de las autonomías está cuestionado porque interesa. Le interesa a los mercados, porque necesitan algo con que especular. Le conviene a los nostálgicos del viejo estado, para disfrazar sus prejuicios ideológicos de palabrería eficiencista. El consejo de política económica y fiscal era el momento y el lugar para empezar a poner las cosas en su sitio.
No era el mejor día para el PP. Primero debió asimilar un CIS con señales preocupantes de recuperación en el agonizante socialismo. Después, gestionar un Consejo que tenía mucho de final de escapada. Atrapados por el discurso que les ayudó en su arrolladora victoria del 22-M, los gestores populares se apretaban para explicar por qué se niegan a devolver en cómodos plazos de cinco años un dinero que no les correspondía, pero ya se han gastado, mientras repetían que España debe cumplir sus compromisos. Los mismos gobiernos que han utilizado su autonomía fiscal para apuntarse rebajas de impuestos, exigen ahora no pagar sus deudas a un gobierno central acusado de subir los impuestos. Un argumento fiel a la estrategia de desgaste, pero insostenible.
La otra opción era anteponer los intereses de sus comunidades a la estrategia partidista. Negociar un acuerdo solvente que ajuste el objetivo de déficit, garantice un programa creíble de racionalización y arrebate a los especuladores el Karma autonómico. Pero para eso hay que ver más allá de las siguientes elecciones.
Tampoco ha sido el mejor día para el gobierno. Con las turbulencias del Euro aún activas, le interesaba un pacto amistoso. Porque resulta más creíble que el recurso a la jerarquía, porque las autonomías gestionan servicios públicos básicos y llega un momento que a los ciudadanos les da igual de quién es la culpa. Con un acuerdo cooperativo, todos ganaban. Con un apaño a regañadientes sobre el ICO y el techo de gasto, empatan todos, el PP también, aunque no se lo crea.
Bravo, moi difícil dicilo máis claro.
ResponderEliminarDe acuerdo con Hugo, pero el problema, siempre el mismo problema, es que no tienen oidos ni ojos los que toman decisiones, cada vez es mas necesario 15 M y las personas que como tú no se callan.Angeles
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