Piratas de lo público. El fraude de las grandes empresas españolas

La economía sumergida no ha dejado de crecer en España. Lo hizo durante los noventa, siguió cuando la burbuja inmobiliaria y se ha acelerado con la Gran recesión. No se trata únicamente de una consecuencia o una respuesta ante la crisis. Constituye un elemento estructural de nuestra economía. Conforma casi un signo de identidad de nuestra sociedad. Una de cada dos personas consultadas justificaba el fraude en 2007, según la encuesta de “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles” realizada anualmente por el Instituto de Estudios Fiscales. Solo la recesión y los recortes han agudizado la conciencia contributiva de los españoles. En 2011, solo dos entre cada diez encuestados por el IEF justificaban defraudar al fisco. Pero pese a esta esperanzadora evolución, lo cierto es que la cultura fiscal no se encuentra precisamente entre nuestras fortalezas como país.

Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos para la Fundación de las Cajas de Ahorros (Público.es 1/6/11) acredita cómo durante la primera mitad de la década de los ochenta la economía sumergida española equivalía al 12.5 del PIB, comenzó a dispararse a principios de los noventa, llegado a superar el 15% para entrar en el nuevo siglo rondando el 18% y situarse actualmente en el 21.5% de nuestro Producto Interior Bruto. Según estos cálculos, entre 2005 y 2008, el Estado ha dejado de ingresar 66.000 millones de Euros. Durante las últimas tres décadas, el Estado español ha fallado en recaudar, de media, 30.000 millones anuales. La economía oficial se ha multiplicado por dos, pero la economía sumergida se ha multiplicado por cuatro.

Gestha, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, sostiene que el 80% del fraude fiscal en España se concentra entre las grandes empresas, las grandes fortunas y los profesionales. También, explican cómo dos terceras partes de los magros recursos de las agencias tributarias se gastan en verificar y controlar las declaraciones presentadas. Menos de la tercera parte se invierte en investigar y destapar el fraude sobre el terreno donde realmente se oculta.

Las grandes empresas del IBEX español figuran como clientes vips algo más que bienvenidos entre los más solicitados paraísos fiscales del mundo. Su uso no ha parado de medrar a lo largo de estos últimos años. De hecho, recuerda bastante a aquellos puertos piratas de los antiguos corsarios. Y no solo porque estén localizados en el Caribe.

Según datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 2013, nada menos que el 93% de las empresas de IBEX, empezando por las grandes privatizadas, posee alguna de las 437 sociedades filiales constituidas en esos “paraísos piratas fiscales”. Su número ha aumentado en un 18% entre 2010 y 2011. Parece evidente que de haber mantenido la titularidad pública, o una presencia pública dominante, entre el accionariado de empresas como Telefónica, Repsol o Endesa, su recurso a paraísos piratas o a tanta creatividad fiscal no habría resultado ni tan fácil, ni tan común, ni tan justificable; ni siquiera parecería posible.

El Neoliberalismo corsario acostumbra a mostrarse comprensivo con el fraude fiscal. Suele entender sin esfuerzo que grandes empresas y corporaciones traten de eludir el pago de impuestos que considera confiscatorios y que solo sirven para financiar el improductivo gasto público. Los piratas de lo público suelen alegar como justificación que esos recursos están mejor aprovechados en sus manos, al servicio de inversiones productivas. Para ellos, el problema nunca es el fraude, el problema siempre es la voracidad recaudatoria del Estado.

Atribuir el crecimiento de la economía sumergida y el fraude fiscal entre las grandes corporaciones a los presuntamente “elevados” impuestos que pagan en España supone un acto de puro cinismo si consideramos que, aunque el tipo medio nominal del impuesto sociedades se sitúa en  torno al 30%, las grandes corporaciones españolas cotizan a un tipo real inferior al 12.5%; aquellas incluidas en el IBEX tributan incluso por debajo del 11%. Solo dos de cada diez españoles creen hoy que el fraude se deba a que en España se pagan demasiados impuestos (Barómetro fiscal IEF. 2012),

A los cuantiosos regalos y bonificaciones fiscales otorgadas por sucesivos gobiernos populares y socialistas, las grandes empresas españolas, con las privatizadas a la cabeza, han respondido con la búsqueda de más banderas fiscales de conveniencia. Cuánto más se les han bajado los impuestos, menos han querido contribuir a sufragar el coste de, por ejemplo, las infraestructuras y la innovación que hacen posibles sus abultados beneficios anuales. No debería extrañar a nadie que tres de cada diez ciudadanos opinen que el fraude se debe a la impunidad que gozan los grandes defraudadores (Barómetro fiscal IEF, 2012).


Datos extraidos de la obra Piratas de lo público Losada, A. Deusto. 2013